El CEP

En Chile, la inmigración está regulada por un decreto-ley de 1975. Los últimos gobiernos han presentado propuestas para reformar esta regulación, pero no se han concretado. Hoy, el proyecto de ley está terminando de discutirse en el Congreso.

El marco que regula la inmigración está compuesto por normas que respondían a las necesidades del país en una época diferente. En el siglo XIX, el Estado hizo esfuerzos por atraer inmigrantes europeos. Les ofrecieron terrenos y garantías a quienes se dedicaran a la agricultura.

En 1975 se dictó la regulación actual, diseñada en dictadura y en un contexto de Guerra Fría, cuando el interés de la autoridad era el control más estricto y desconfiado del flujo de personas por la frontera.

En 2016, la ONU llamó a los países a que sus leyes migratorias tuvieran en cuenta los siguientes puntos: - La pobreza - La protección al planeta - Las garantías de paz - La prosperidad de las personas Es decir, regulaciones con foco en Derechos Humanos.

Actualmente, se trabaja en la reforma de la ley migratoria, que regula los principios, derechos, requisitos, obligaciones e institucionalidad de la inmigración. Para su discusión, se están tomando en cuenta las recomendaciones de la ONU y la realidad que vive el país.

La reforma hace esfuerzos por disminuir la arbitrariedad en el tratamiento a los inmigrantes y mejorar la coordinación horizontal entre los distintos sectores de la Administración. Además, refuerza institucionalmente al DEM, transformándolo en el Servicio Nacional de Inmigración.

Sin embargo, es insuficiente. La experiencia comparada indica que se deben publicar informes periódicos sobre las políticas migratorias. Además, no avanza lo necesario en la coordinación vertical con los gobiernos regionales, que están en proceso de reforma, y con los municipios.